Condenados al desahucio

Seguramente, quienes han llegado a esta página por curiosidad o por casualidad, ya han oído hablar en otras partes de los nueve millones de personas que viven en nuestro país bajo mínimos; es decir, que malviven, que buscan un resquicio para salir del túnel; que tienden la mano desdesperados, aunque tanta desconfianza desatada por todos lados venga a situarlos a menudo en el vagón de la duda de nuestro pensamiento.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en nuestro país, ya lo advirtió en el Documento "Derechos a la intemperie". En un informe hecho público en nuestro diario, a finales del pasado mes de abril, Beltrán resumió bien la situación: la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son "ejemplos de violaciones de los derechos humanos" del mismo calado que la falta de libertad o de expresión.

Mientras el euribor sigue subiendo y los banqueros no dejan de arrojar cifras de resultados plenos, apoyados por unos políticos equivocados que los protegen con subvenciones públicas y con leyes de todo tipo, contrarias a lo que siempre prometieron, la pobreza se extiende, vuelve la maldición a caer como un rayo sobre el débil que, sin tiempo para recuperarse de una tragedia, debe asumir otra mayor, el desahucio, con lo que ello implicará ya para el futuro de sus vidas. 

A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Navarra, ratificaba la decisión de un juez que se negó a que el BBVA, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continuáse reclamando la deuda restante a la familia. Ahora el juez de primera instancia de Sabadell, Guillem Soler, ha elevado al Tribunal Constitucional la normativa sobre desahucios, considerando que vulnera principios constitucionales, donde se cita el margen prácticamente inexistente para plantear alegaciones. 

Es evidente que la usura no conoce límites. Y que no se dan pasos firmes que impidan este ladrocinio de cajas y bancos, porque la entidad bancaria nos concede un préstamos por el valor del bien hipotecado. Y punto. Entregamos las llaves o nos las quitan si no podemos pagarlo. Y punto. Pero no nos quitan el bien y seguimos debiendo íntegramente la cantidad que nos prestaron. Eso es robo. Y punto.

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