Hace dos años, por Orden Judicial se derribaron en la zona cántabra de Arnuero 42 pisos.
A finales de mayo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad emite sendos autos autorizando el derribo de 124 viviendas, de un total de 600 que se construyeron de forma irregular en los años 90.
Cuando yo hablaba de injusticia hace unos años, en varios artículos remitidos a este diario, un "supuesto" entendido en la cuestión, me aseguró que la culpa no era de los ecologistas que denunciaron aquella invasión de viviendas en el litoral cántabro, ni de la Administración que autorizó su construcción, ni del constructor que se las apañó para venderlas a precio de oro a los afectados. "La culpa es de quienes adquirieron la vivienda sin informarse a conciencia". Eso es lo que decía el entendido, que mira que estamos rodeados de gente que lo sabe todo y te deja con la boca abierta como si fueras tonto de capirote.
Pero el más elemental de los juicios abiertos choca estrepitosamente cuando el Parlamento acuerda una cosa y el Tribunal ordena otra totalmente contraria. Para explicarlo un poco más, recordamos que el Parlamento de Cantabria aprobaba el 13 de febrero por unanimidad una modificación de la Ley del Suelo Autonómico, poniendo de manifiesto su responsabilidad en la nefasta planificación urbanística desarrollada hace dos décadas en ésta y en otras costas españolas. Y para resarcir del daño causado acordaban allí mismo la indemnización a las familias afectadas, si las viviendas adquiridas no podían finalmente ser legalizadas. Y el pacto obligaba a desembolsar el dinero antes de cualquier derribo.
Pero el más elemental de los juicios abiertos choca estrepitosamente cuando el Parlamento acuerda una cosa y el Tribunal ordena otra totalmente contraria. Para explicarlo un poco más, recordamos que el Parlamento de Cantabria aprobaba el 13 de febrero por unanimidad una modificación de la Ley del Suelo Autonómico, poniendo de manifiesto su responsabilidad en la nefasta planificación urbanística desarrollada hace dos décadas en ésta y en otras costas españolas. Y para resarcir del daño causado acordaban allí mismo la indemnización a las familias afectadas, si las viviendas adquiridas no podían finalmente ser legalizadas. Y el pacto obligaba a desembolsar el dinero antes de cualquier derribo.
Pero llega el Tribunal y contra la decisión del Parlamento, autoriza el derribo en cualquier momento, por lo que, ¿quién no se siente desamparado por la justicia ante tamaña controversia? ¿Sirve para algo lo que dicta el Parlamento elegido democráticamente por el pueblo, cuando los jueces, obviando lo que allí se acordó, vienen a dictar al margen su sentencia?
Sentencia contraria, se mire por donde se mire, a lo que dicta la razón, a lo que dicta la costumbre, a lo que dicta la Justicia.
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